Incluso casi trece años después de un veredicto del alto tribunal sobre los abortos en Colombia, los derechos de las mujeres no están protegidos adecuadamente. El 10 de mayo de 2006, el tribunal constitucional de Bogotá dictamino que se deberían permitir los abortos en casos excepcionales.

 

El acceso de las mujeres a la atención médica, se ve gravemente obstaculizado y el aborto voluntario sigue siendo punible, de acuerdo con el fallo los abortos pueden realizarse legalmente si existe un riesgo para la salud de la mujer, en caso de malformaciones fetales y embarazos como resultado de una violación o incesto.

 

Sin embargo, la sentencia no es lo suficientemente exhaustiva y su implementación es insuficiente. Según un estudio del instituto Guttmacher de 2011, se estima que hay 400.412 abortos por año en Colombia, un poco menos del uno por ciento de ellos son legales en virtud de la decisión del Tribunal Constitucional, y el 99 por ciento restante está fuera del marco legal con mayores riesgos de salud para las mujeres.

 

Por lo tanto, el derecho humano a la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, no está suficientemente protegido en Colombia. La sentencia permite a las mujeres afectadas acceder a prestaciones de bienes sociales, tratamiento médico adecuado e impunidad. En realidad, sin embargo, los abortos legales son más difíciles.

 

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Después del veredicto, el principal desafío fue su aplicación, en particular el acceso a los servicios de salud y el acceso a un tratamiento médico efectivo para el aborto. La implementación del fallo del Tribunal Constitucional se ha complicado en los últimos años, especialmente por parte de organizaciones religiosas y funcionarios conservadores.  

 

A casi trece años después de la sentencia, las mujeres en Colombia todavía enfrentan obstáculos para exigir su derecho a la libre determinación. Por ejemplo, las reglas sobre el acceso a los servicios de salud son insuficientes y las mujeres carecen de información sobre sus derechos y oportunidades.

 

Los abortos ilegales e impropios son la consecuencia y representan un alto riesgo para la salud de las mujeres. El acceso al tratamiento para las complicaciones postaborto es inadecuado, especialmente para las mujeres rurales en situación de pobreza.

 

Los defensores de una mayor protección del derecho al aborto exigen una mejor implementación de la resolución, que incluye un mejor acceso al tratamiento médico y la legalización del aborto voluntario en las primeras 12 semanas de embarazo. Las organizaciones de las mujeres como Women´s Link World Wide enfatizan la importancia del trabajo de información y prevención.

 

La sociedad debe de conocer las posibilidades legales del aborto. Los medios colombianos también tienen la responsabilidad de informar a las mujeres sobre sus oportunidades y derechos. También carecía de educación sexual y servicios de asesoramiento sobre anticoncepción y adopción.

 

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Fuente: https://amerika21.de/2016/05/152155/kolumbien-schwangere-abbruch